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fatum 1 | , S. 34
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Legitimidad y la Constitución del Perú

Legitimität und die Verfassung Perus

Spanisch

La Constitución Política del Perú de 1993, actualmente vigente, fue puesta en entredicho cuando más de 5.000 ciudadanos presentaron una demanda de inconstitucionalidad en 2003.

Una constitución que con poco más de 20 años de historia a sus espaldas no es sino la tercera más larga de la historia peruana, ya que las once anteriores no supieron representar la voluntad de un pueblo peruano que evolucionaba rápida y democráticamente. No obstante, parece ser que la Constitución de 1993 está a punto de sufrir el mismo destino que sus predecesoras.

Antes de adentrarnos en la teoría de la pregunta central, se hace necesario definir las dos palabras que ella incluye: inconstitucionalidad e ilegitimidad. Existe toda una serie de doctrinas de la filosofía del Derecho que se dedican a desarrollar el significado de ambos términos. Desde Locke hasta el constitucionalismo democrático más reciente, puede resultar desalentador comprender su esencia filosófica, siempre aplicada al Derecho.

Según la sentencia nº 0001-2002-AI/TC del Tribunal Constitucional peruano, a través de la acción de inconstitucionalidad, [el] Tribunal evalúa si una ley o norma con rango de ley transgrede, por la forma o por el fondo, la Norma Suprema1. Inconstitucional es, pues, aquello que colisiona con la Constitución.

Se concibe la legitimidad como el reconocimiento por parte de la soberanía nacional de que la constitución de un país representa tanto la voluntad nacional como es poseedora de validez material. En la sentencia nº 0001-2003-AI/TC, el Tribunal hace referencia a la legitimidad de origen en contraposición a la legitimidad de ejercicio. Mientras que la primera se refiere primordialmente al proceso legal por el que la constitución fue elaborada y aprobada, la segunda radica en su validez, es decir, en la obligatoriedad y vigencia de la carta magna.

Considerando lo que entiende, ya no solamente el Tribunal Constitucional peruano, sino también la propia Constitución del Perú, como inconstitucional, se puede desechar de antemano la posibilidad de que la misma sea inconstitucional. Las antonimias que el recurso de inconstitucionalidad de 2003 presenta son claramente numerosas.

Primero, una constitución no es una ley o norma con rango de ley, por lo que el recurso contra la Constitución no es válido.

Segundo, la norma suprema no puede contradecirse a sí misma, ya que ello eliminaría la competencia del propio Tribunal, cuya facultad emana de la constitución que hipotéticamente quedaría nula.

Tercero, la Lex Legum queda fuera del ordenamiento jurídico, representando la soberanía nacional y no la legalidad de los actos. Por el mismo rumbo se podría continuar con una larga y compleja lista de contradicciones.

A esta misma conclusión llegó el Tribunal: no cabe declarar la inconstitucionalidad de la Constitución peruana. No quiere decir por ello, sin embargo, que ésta sea completamente legítima.

La historia constitucional peruana demuestra, de hecho, una tradición de ilegitimidad. A excepción de la Constitución de 1979, única en el sentido en que su legitimidad no se cuestiona, las once restantes fueron causa y resultado de prácticas poco ortodoxas: desde imposiciones de regímenes militares hasta intentos de legitimar gobiernos ilegítimos. Y la del 93 no se queda atrás con respecto a este legado.

La Constitución Política del Perú de 1993 fue consecuencia del golpe de Estado del ingeniero y presidente Alberto Fujimori el 5 de abril de 1992. El autogolpe contra las instituciones de la República—autogolpe porque el Presidente de la Nación disolvió a la fuerza las Cortes que él mismo presidía, con ayuda militar—supuso el ejercicio de un poder arbitrario y la convocatoria de un Poder Constituyente que tuvo como objetivo elaborar una Constitución para legitimar el nuevo régimen autoritario. No es sorprendente, por tanto, que las elecciones al Congreso Constituyente Democrático estuvieran envueltas de coacción y fraude. El 31 de octubre de 1993, fue aprobada por dudoso referéndum a través de, una vez más, la intervención coercitiva de la cúpula militar, cogobernante, la falta de personeros en las mesas de votación, la adulteración de las actas electorales y la manipulación del sistema informático2. Es prácticamente incuestionable la ilegitimidad de origen de la vigente Constitución Política del Perú.

Para poner en contexto la doctrina filosófica del Derecho en su conjunto, hay que hacer mención a la legitimidad de ejercicio. Según el Tribunal Constitucional peruano, la ausencia de legitimidad de origen de una Constitución no determina, por ese sólo hecho, su falta de vigencia o, en caso extremo, su nulidad3, como pretendía el recurso de inconstitucionalidad de 2003. Karl Deutsch escribió en Política y gobierno: cómo el pueblo decide su destino (1976) que la legitimidad puede variar con el tiempo. Es a partir de este principio que el Tribunal justifica su conclusión: aunque la legitimidad de ejercicio fue escasa durante los años en los que presidió Fujimori debido a los numerosos atentados contra derechos fundamentales, entre otros, durante la transición democrática, y posteriormente, con la plena democracia, dicha legitimidad de ejercicio se ha recuperado. En particular, el hecho de que la ciudadanía peruana perciba la Constitución como de obligatorio cumplimiento, más la fiel disposición de los poderes derivados para acatar su mandato, es suficiente como para asegurar la legitimidad de ejercicio.

Bien que haya un relativo consenso, esto es, que la Constitución de 1993 siga siendo válida, vinculante y obligatoria por más que se dude su origen, el sentimiento del pueblo peruano, el sentimiento de la soberanía nacional, se alza por encima de cualquier sentencia. No hay que olvidar que una constitución debe tanto representar la voluntad nacional como poseer validez material. Sin la debida representación, una constitución no es legítima. Por más que se acepte la legitimidad de ejercicio, sin la legitimización de la soberanía nacional representada por una norma suprema que refleje los principios sociales y políticos de su pueblo, una constitución no puede decir ser completamente legítima.

Ahora bien, el problema que alberga ya no solamente el sistema jurídico peruano, sino la sociedad peruana en su conjunto, no es fácil de resolver. Los políticos peruanos de la última década alzaron el debate en su día, para posteriormente acallarlo una y otra vez. Desde que se presentó el recurso de inconstitucionalidad no han sido pocos los que han hecho especial hincapié en legitimar la Constitución. De hecho, el gobierno de transición de 2001 promulgó la Ley 27600, que establecía los pasos a seguir para la reforma constitucional. Después de que tres cuartas partes de una hipotética nueva Constitución fuesen aprobadas en el Congreso, el bloqueo político entró en juego. No había consenso dentro, ni aparentemente fuera, de la cámara legislativa.

Más tarde, tras las elecciones generales del Perú de 2006, Alan García hizo de la reforma constitucional una de las prioridades de su gobierno. Pero el mandato de García finalizó en 2010 con la Constitución de 1993 intacta. Hoy en día, si bien el debate se centra sobre todo a nivel académico, los políticos peruanos no desisten en su objetivo: en marzo de 2013, el congresista Alberto Borea presentó un proyecto ley para reformar la constitución, proyecto que continúa en el Congreso.

El tiempo corre, pero el problema persiste. La Constitución del Perú debe ser, por encima de todo, la expresión de todo lo que la nación peruana fue, es y aspira a alcanzar como grupo colectivo4. Esto solamente se podrá conseguir cuando el debate sobre la Constitución Política del Perú se ponga de nuevo sobre la mesa de todos y cada uno de los peruanos.


  1. Sentencia nº 0001-2002-AI.
  2. Sentencia nº 0001-2002-AI./TC
  3. Sentencia nº 0001-2003-AI./TC
  4. Sentencia nº 0001-2003-AI./TC

Deutsch

Die gegenwärtig gültige Verfassung Perus von 1993 wurde in Frage gestellt, als 2003 mehr als 5.000 Bürger eine Verfassungsbeschwerde vorlegten. Eine Verfassung, die mit kaum mehr als 20 Jahren Geschichte auf ihren Schultern lediglich die drittlängste der peruanischen Geschichte darstellt, da die elf vorhergehenden den Willen des peruanischen Volkes, in seiner schnellen und demokratischen Entwicklung, nicht zum Ausdruck bringen konnten. Trotzdem scheint es, als ob die Verfassung von 1993 kurz davor steht, dasselbe Schicksal zu erleiden wie ihre Vorgängerinnen.

Ehe wir uns in der Theorie der zentralen Frage vertiefen, ist es notwendig, die zwei Begriffe zu definieren, welche sie beinhaltet: Verfassungswidrigkeit und Illegitimität. Es existiert eine ganze Reihe an rechtsphilosophischen Doktrinen, welche sich damit beschäftigen, die Bedeutung der beiden Termini darzulegen. Von Locke an bis hin zum jüngsten demokratischen Konstitutionalismus, kann es entmutigend werden, ihr philosophisches Wesen, immer angewandt auf das Recht, verstehen zu wollen.

Nach Urteil n° 0001-2002-AI/TC des peruanischen Verfassungsgerichts [gilt]: durch die Verfassungsbeschwerde bewertet [das] Tribunal, ob ein Gesetz oder eine Norm mit Gesetzesrang durch die Form oder im Kern gegen das Höchste Recht verstößt. Verfassungswidrig ist demnach das, was mit der Verfassung kollidiert.

Legitimität wird als Anerkennung von Seiten der Staatsgewalt aufgefasst, deren Ausdruck die Landesverfassung ist, in der sich der Volkswille wie die materielle Geltung ausdrücken.

Im Urteil n° 0001-2003-AI/TC verweist das Gericht auf die Legitimität des Ursprungs im Gegensatz zur Legitimität der Amtsführung. Während die erste sich in erster Linie auf den rechtlichen Prozess beruft, durch den die Verfassung ausgearbeitet und verabschiedet wurde, wurzelt die zweite in ihrem Wert, das heißt, in der Verbindlichkeit und Geltung des Grundgesetzes.

Betrachtet man nun das, was nicht nur das peruanische Verfassungsgericht, sondern auch die Verfassung Perus selbst unter verfassungswidrig versteht, kann man von vornherein die Möglichkeit zurückweisen, dass sie selber verfassungswidrig sei. Die Widersprüche, welche die Verfassungsbeschwerde von 2003 aufweist, sind natürlich zahlreich.

Erstens ist eine Verfassung nicht ein Gesetz oder eine Norm mit Gesetzesrang, weshalb die Verfassungsbeschwerde [formal] nicht zulässig ist.

Zweitens kann das oberste Gesetz nicht sich selbst widersprechen, bereits weil dies dem Verfassungsgerichtshof selbst, dessen Befugnisse aus der Verfassung hervorgehen welche hypothetisch nichtig gemacht würde, die Zuständigkeit absprechen würde.

Drittens fällt die Lex Legum, die nationale Souveränität repräsentierend und nicht die Legalität der Handlungen, außerhalb des juridischen Geltungsbereichs. In dieselbe Richtung gehend könnte man eine lange und komplexe Liste von Widersprüchen fortführen.

Zum selben Schluss ist das Verfassungsgericht gelangt: Es hat nicht die Befugnis, die peruanische Verfassung für verfassungswidrig zu erklären. Damit ist jedoch nicht gesagt, dass diese komplett legitim wäre.

Die Geschichte der peruanischen Verfassung weist tatsächlich eine Tradition der Illegitimität auf. Mit Ausnahme der Verfassung von 1979, einzigartig in dem Sinn, dass ihre Legitimität nicht in Frage gestellt wird, waren die übrigen elf Ursache und Ergebnis von wenig orthodoxen Methoden: über Einsetzungen durch Militärregimes bis hin zu Versuchen, illegitime Regierungen zu rechtfertigen. Und die von 93 steht den vorhergehenden hinsichtlich dieses Erbes in nichts nach.

Die politische Verfassung Perus von 1993 war die Konsequenz des Staatsstreichs des Ingenieurs und Präsidenten Alberto Fujimori am 5. April 1992. Der Eigenstaatsstreich [Autogolpe] gegen die Institutionen der Republik – Eigenstaatsstreich, weil der Präsident der Nation mit Gewalt die Kabinette, denen er selbst vorsaß, mit militärischer Unterstützung auflöste – beinhaltete die Ausübung einer willkürlichen Macht und die Einberufung einer Verfassungsversammlung mit dem Ziel, eine Verfassung auszuarbeiten, um das neue autoritäre Regime zu rechtfertigen. Es ist insofern nicht überraschend, dass die Abstimmungen beim Demokratischen Verfassungsgebenden Kongress von Einschüchterung und Betrug durchzogen waren. Am 31. Oktober 1993 wurde sie durch ein zweifelhaftes Referendum angenommen, einmal mehr nach nötigender Intervention der Spitze des Militärs, des Vizeregierungschefs, der Abwesenheit von Abgeordneten von den Wahltischen, der Fälschung der Wahlunterlagen und der Manipulation des Informationssystems. Die Illegitimität des Ursprungs der geltenden Verfassung Perus steht praktisch außer Frage.

Um die rechtsphilosophische Doktrin in ihrer Gesamtheit in Kontext zu stellen, muss man die Legitimität der Amtsführung erwähnen. Dem peruanischen Verfassungsgerichtshof zufolge bestimmt die Abwesenheit der Legitimität des Ursprungs einer Verfassung nicht, durch diese Tatsache allein, ihren Mangel an Geltung, oder, in Extremfällen, ihre Nichtigkeit, wie die Verfassungsbeschwerde von 2003 behauptete. Karl Deutsch hat in Staat, Regierung, Politik - Eine Einführung in die Wissenschaft der vergleichenden Politik (1976) geschrieben, dass die Legitimität sich mit der Zeit ändern kann.

Von diesem Prinzip ausgehend, rechtfertigt das Gericht seine Entscheidung: auch wenn die Legitimität der Amtsführung während Fujimoris Präsidialzeit unter anderem aufgrund der zahlreichen Angriffe auf die Grundrechte gemindert wurde, habe sich die besagte Legitimität der Amtsführung während des Übergangs zur Demokratie und danach, mit voller Demokratie, wiederhergestellt. Insbesondere die Tatsache, dass die peruanische Bürgerschaft die Verfassung als obligatorisch einzuhalten wahrnimmt, und zudem die verlässliche Bereitwilligkeit der abgeleiteten Staatsgewalten auf ihr Mandat hin zu handeln, ist hinreichend, um die Legitimität der Amtsführung zu sichern.

Wenn es einen relativen Konsens gibt, dann darüber, dass die Verfassung von 1993 weiterhin rechtsgültig, bindend und obligatorisch bleibt, selbst wenn man an ihrem Ursprung zweifelt; das Gefühl des peruanischen Volkes, das Gefühl der nationalen Souveränität, erhebt sich über jedes Urteil. Man darf nicht vergessen, dass eine Verfassung sowohl den Willen des Volkes [volonté générale] repräsentieren muss, als auch materielle Geltung besitzen muss. Ohne die gebotene Repräsentation ist eine Verfassung nicht legitim. Selbst wenn man die Legitimität der Amtsführung akzeptiert, kann eine Verfassung, ohne die Legitimierung durch die nationale Souveränität, repräsentiert durch ein oberstes Gesetz das die sozialen und politischen Prinzipien seines Landes widerspiegelt, nicht komplett legitim genannt werden.

Nun gut, das Problem, vor welchem nicht nur das peruanische Rechtssystem, sondern auch die peruanische Gesellschaft in ihrer Gesamtheit steht, ist nicht leicht zu lösen. Die peruanischen Politiker des letzten Jahrzehnts haben die Debatte zu ihrer Zeit begonnen, um sie anschließend ein ums andere Mal verstummen zu lassen. Seit der Vorlage der Verfassungsbeschwerde sind es nicht wenige gewesen, die besonderen Nachdruck darauf gelegt haben, die Verfassung zu legitimieren. Tatsächlich hat die Übergangsregierung von 2001 das Gesetz 27600 verkündet, welches Schritte einleitete, um eine Verfassungsreform zu sichern. Nachdem drei Viertel einer hypothetischen neuen Verfassung vom Kongress gebilligt wurden, kam es zu einer politischen Blockade. Es gab weder innerhalb, noch anscheinend außerhalb, der legislativen Kammer Einigkeit.

Später, nach den allgemeinen Wahlen Perus in 2006, hat Alan García die Verfassungsreform zu einem der Hauptziele seiner Regierung erklärt. Aber als Garcias Amtszeit 2010 endete, bestand die Verfassung von 1993 nach wie vor. Wenn auch heutzutage die Debatte vor allem in akademischen Kreisen geführt wird, geben die peruanischen Politiker ihr Ziel nicht auf: Im März 2013 hat der Kongressabgeordnete Alberto Borea einen Gesetzesentwurf vorgestellt, um die Verfassung zu reformieren, ein Entwurf, der vom Kongress fortgeführt wird.

Die Zeit läuft, aber das Problem bleibt bestehen. Perus Verfassung muss, vor allen Dingen, Ausdruck all dessen, was die peruanische Nation als kollektive Gruppe war, ist und zu erreichen strebt sein. Dies wird sich nur erreichen lassen, wenn die Debatte über die politische Verfassung Perus erneut auf der Tagesordnung jedes einzelnen Peruaners steht.


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